SALARIO MÍNIMO EN ALEMANIA

Berlín aprueba el salario mínimo con excepciones para jóvenes y parados

Luis Doncel Berlín 2 ABR 2014 - 20:42 CET

El salario mínimo será una realidad en Alemania a partir del próximo año. Para sacar adelante una medida que la canciller Angela Merkel criticaba durante la campaña electoral por considerar que perjudica al empleo, los socialdemócratas del SPD se han visto obligados a hacer algunas concesiones duramente criticadas por los sindicatos. El acuerdo, cuyos últimos flecos se perfilaron durante esta semana para ser aprobado este miércoles por el Gobierno, supone un profundo cambio para los trabajadores alemanes peor pagados, que desde el próximo 1 de enero tendrán que cobrar al menos 8,5 euros brutos por hora.
“En Alemania hay demasiados ciudadanos que se ven obligados a trabajar a cambio de salarios demasiado bajos y que no se benefician suficientemente de la buena evolución económica. Esto perjudica la cohesión de nuestra sociedad y no debe continuar”, aseguró enfática la ministra de Trabajo e impulsora de la iniciativa, la socialdemócrata Andrea Nahles.
Para poder mostrar una victoria ante los suyos, Nahles ha tenido que aceptar una importante excepción: los parados de larga duración no se beneficiarán del salario mínimo en los seis meses siguientes a encontrar un empleo. La ministra pretendía reducir el número de personas que se queden fuera del salario mínimo, pero finalmente la excepción afectará al millón de parados de larga duración que hay en Alemania. El año pasado, 170.000 de estos desempleados encontraron un empleo. También podrán cobrar menos de los 8,5 euros los menores de 18 años sin cualificación y los becarios. La puesta en marcha del salario mínimo se hará de forma gradual a lo largo de los dos próximos años.

Los socialdemócratas marcan la agenda, pero no despegan en las encuestas

Las críticas a la norma vienen tanto de los sindicatos, que consideran que los socialdemócratas han cedido demasiado ante las presiones de sus compañeros democristianos de coalición, como de los empresarios, por justamente lo contrario. Frank Bsirske, líder del sindicato Verdi, considera “discriminatoria” la exclusión de los parados de larga duración. Con similiares argumentos disparó también contra el proyecto el partido de izquierdas Die Linke, convertido en líder de la oposición.
La patronal, en cambio, subraya los efectos perniciosos que el salario mínimo puede tener en el mercado laboral. El presidente de la Federación Alemana de Oficios, Hans Peter Wollseifer, aseguró que la decisión del Gobierno se trata de “un grave error”. Wollseifer considera “un falso cebo” pagar cerca de 1.500 euros al mes a un joven de 18 años sin formación que acaba de salir de la escuela. Los empresarios apostaban por llevar la frontera de los empleados sin salario mínimo hasta los 21, 23 o incluso hasta los 25 años. Pero la ministra Nahles se plantó y no aceptó esta reclamación.
La medida que el SPD presentó como un requisito sine qua non para firmar el pacto de Gobierno con los democristianos de Merkel puede tener un impacto importante. En Alemania Occidental, más del 10% de los trabajadores ganan menos del recién aprobado salario mínimo. Y este porcentaje se dispara hasta el 25% en el Este, según el Instituto IWH. Un estudio del Instituto Trabajo y Cualificación estima que en Alemania hay 6,6 millones de trabajadores por debajo de los 8,5 euros a la hora. Esto supondría que casi uno de cada cinco empleados podría beneficiarse de la nueva norma.
Con este paso adelante, los socialdemócratas colocan una —otra más— de sus propuestas en la agenda del Gobierno. Además del salario mínimo, Sigmar Gabriel y los suyos han impulsado un arsenal de iniciativas entre las que se encuentran la polémica reforma energética, la jubilación a los 63 años para los que hayan cotizado más de 45 años, el freno a los precios de los alquileres, las cuotas de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes. El problema es que este aluvión de reformas no parece traducirse en un respaldo creciente al SPD en las encuestas, sino todo lo contrario. Mientras, la diamantina canciller se beneficia. Es muy pronto aún para decirlo —el Gobierno lleva poco más de 100 días— pero algunos recuerdan ya el resultado que dieron las anteriores dos coaliciones de Merkel: ella salió fortalecida y sus socios de las dos últimas legislaturas —primero los socialdemócratas y luego los liberales— se desplomaron.

LA TASA TOBIN

La UE alcanza un pacto político para aplicar la ‘tasa Tobin’ desde 2015

Principio de acuerdo de 11 países sobre el impuesto de transacciones financieras

Claudi Pérez Atenas 2 ABR 2014 - 21:06 CET

James Tobin, premio Nobel en 1981, sutil keynesiano y uno de los economistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, ideó en los años setenta una tasa sobre las operaciones con divisas para evitar que la especulación desestabilizara el sistema financiero internacional. Apoyada por los grupos de izquierda alternativa e ignorada por Gobiernos de izquierda y derecha durante décadas, al calor de la crisis actual —con ayudas públicas multimillonarias para evitar un hundimiento de la banca— varios países han puesto ya en marcha proyectos parecidos: Reino Unido, Francia e Italia. Europa da ahora un paso más allá: once países europeos alcanzaron un principio de acuerdo político que debe ratificarse en mayo para activar un impuesto europeo sobre las transacciones financieras a partir del año próximo, avanzó este miércoles el ministro español Luis de Guindos.
Fuentes europeas restaron trascendencia a ese principio de acuerdo político y argumentaron que quedan flecos por negociar. Pero Guindos fue contundente. Según la versión del ministro español, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de países involucrados aplicarán inicialmente una tasa a las transacciones con acciones (tanto al contado como en el mercado de derivados). Pese a que el proyecto de la Comisión Europea era diferente, la recaudación irá íntegramente a las arcas públicas de esos países y no habrá posibilidad de que una parte vaya para las instituciones europeas. Los 11 socios primarán el principio de emisión y no el de residencia, como quería Bruselas: los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados —básicamente, aunque puede haber excepciones— cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa, para evitar deslocalizaciones.

El gravamen se limita inicialmente a las operaciones con acciones

Los ministros acordaron poner en marcha el tributo con un enfoque gradual para desencallar la negociación. Se trata de empezar con las acciones e ir extendiendo paulatinamente los productos que son objeto de gravamen. Las previsiones de ingresos por parte de la Comisión están en torno a los 35.000 millones para los 11 países —con 5.000 millones en España— si la tasa se aplica a todo tipo de productos, pero inicialmente el importe será inferior al tributar solo las acciones.
Quedan fuera, de momento, mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1% a las acciones y del 0,01% a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas.
Guindos, que procede precisamente del sector fiannciero —fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal— defendió la tasa Tobin europea frente a quienes piensan que provocará una huida de capitales o apenas tendrá efectos recaudatorios. Aprobada con un criterio más político que fiscal —una especie de justicia poética para hacer pagar al sistema financiero tras haber gastado dinero público a paladas en los bancos—, la lista completa de países que lo aplicarán engloba a España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. La propuesta inicial de la Comisión iba dirigida a todos los Estados miembros, pero pronto se constató la imposibilidad de establecer un impuesto armonizado en toda la UE y esos 11 países decidieron actuar por su cuenta a través de un procedimiento conocido como cooperación reforzada.

A ZARA LE GUSTAN LOS PARAÍSOS FISCALES

EL PAÍS | 27 de febrero de 2014

Ayer, el periodista Jesse Drucker publicó en Bloomberg News un artículo que revela las estrategias utilizadas por el grupo Inditex - propietario de Zara, Bershka and Pull&Bear, entre otras marcas - para traspasar parte de los beneficios conseguidos en países como Italia, Reino Unido o España a paraísos fiscales como Suiza, con el objetivo de reducir artificialmente el pago de impuestos en los países donde logra sus ventas y aumentar, por tanto, sus beneficios.

La historia publicada por Bloomberg constata una vez más -véanse otros casos como Google, Amazon, Starbucks- una de las injusticias más evidentes de nuestro tiempo: las arcas públicas parecen estar vacías, millones de personas vienen sufriendo las consecuencias de las (¿inevitables?) políticas de austeridad, pero al mismo tiempo, el sistema actual permite que los que más tienen puedan reducir con facilidad el pago de impuestos sobre sus beneficios. Así pues, mientras a muchos ya nos les llega el sueldo – si tienen la suerte de tener trabajo -  ni para comprar ropa en Zara, Amancio Ortega va escalando posiciones en los rankings de personas más ricas del mundo.
Según Bloomberg, las estrategias de Inditex para evitar el pago de impuestos explican por qué el grupo ha sido capaz de producir el mejor margen de beneficios del sector a nivel mundial: un 15%. Explica Drucker que en los últimos cinco años Inditex ha logrado transferir casi 2.000 millones de dólares de beneficios a una empresa del grupo - denominada ITX Merken - que opera en Holanda y Suiza. Esta empresa emplea tan solo a 173 empleados -un 0,1% del total de empleados de Inditex-, pero en cambio reporta casi el 20% de los beneficios totales del grupo. Vean aquí el infográfico elaborado por Bloomberg.
La función principal de ITX Merken consiste en asesorar a otras empresas de Inditex en la localización de nuevas tiendas y en el diseño interior de las mismas. ITX Merken también controla los derechos de utilización de las marcas comerciales como Zara. Es decir, a las subsidiarias del grupo que poseen y gestionan las tiendas de Inditex, pongamos como ejemplo, en España, se les pide pagar a la subsidiaria ITX Merken dinero a cambio de poder utilizar las marcas del grupo y recibir asesoramiento. Se trata, pues, de un movimiento de dinero entre subsidiarias del mismo grupo.
Pero cuando la cantidad pagada por la subsidiaria española es muy elevada – léase desproporcionada - el efecto que se produce es el del aumento significativo de costes y la reducción de los beneficios en España  - donde los impuestos son más altos - y el aumento de los beneficios en paraísos fiscales donde los impuestos son muy bajos, o cero. Esta estrategia le ha servido a Inditex para centralizar casi el 20% de los beneficios totales en paraísos fiscales y evitar así el pago de impuestos por valor de 325 millones de dólares desde 2009, dinero que debería haber ido a parar a las arcas públicas de países que no van precisamente sobradas de recursos. Solo en la filial holandesa de Inditex – con un margen de beneficios del 45% - los beneficios reportados el año pasado son mayores que los beneficios totales reportados por Inditex en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido juntos en los últimos cinco años. En estos últimos países Inditex ha registrado  márgenes de beneficios de entre 3% y 5% en los últimos años. Algo no cuadra.
Sostiene Inditex que las prácticas reveladas por Bloomberg no son ilegales. Parte del problema radica en la dificultad de decidir cuál es el precio justo que debería cobrar ITX Merken a otras empresas del grupo a cambio de los servicios prestados. Pero este caso muestra una vez más que las leyes actuales que regulan la tributación de las multinacionales han quedado desfasadas y deben cambiarse. El objetivo es que las empresas paguen sus impuestos allí donde llevan a cabo las actividades que realmente generan sus beneficios. El negocio principal de Inditex no es asesorar en la localización de sitios estupendos para montar tiendas, sino diseñar, fabricar y vender ropa. Tampoco parece justo que las empresas puedan atribuir una parte desmesurada de sus beneficios a filiales en paraísos fiscales que controlan el uso de las marcas; sin clientes que compren, no hay marcas que valgan, y los clientes de Inditex no parecen estar precisamente en los cantones suizos.
A nuestros gobernantes les exigimos pues que cambien urgentemente las leyes actuales. Como decía no hace mucho Iñaki Gabilondo en un videoblog sobre este tema, las injusticias legales todavía duelen más que las ilegales. Prácticas como las descritas están teniendo un coste elevado, tanto en Europa como en países en desarrollo –160.000 millones de dólares cada año según Christian Aid, más de la cantidad recibida en concepto de ayuda al desarrollo-.
A Inditex, y a Amancio Ortega en particular, les reconocemos su capacidad para crear una empresa que hoy tiene 6.200 tiendas en 86 países y da empleo directo a más de 120.000 personas, pero también le decimos que la utilización de paraísos fiscales para evitar pagar impuestos allí donde en realidad venden su ropa y logran sus beneficios quizás no sea ilegal con las leyes vigentes en mano, pero sí es ofensivo, inmoral y terriblemente injusto.
Ahora comprendemos mejor el silencio de Amancio Ortega cuando 3.483 personas le enviaron una carta en 2011, siguiendo una campaña impulsada por la ONG InspirAction, en la que solicitaban su apoyo en la lucha contra la evasión fiscal.

10 PREGUNTAS Y RESPUESTAS (MUY BUENAS) EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

AMPLIACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA POR MATERNIDAD

El Gobierno amplía a 12 años el derecho a la jornada reducida por maternidad

Cristina Galindo Madrid 20 DIC 2013 - EL PAÍS

El Gobierno ha decidido ampliar en cuatro años el periodo en el que los trabajadores pueden solicitar una reducción de jornada para el cuidado de los hijos. Actualmente pueden hacerlo hasta que el hijo cumple 8 años, mientras que con la nueva norma el plazo se extenderá hasta los 12 años, como sucede en la Administración.
Según el Ministerio de Empleo, esta medida, anunciada tras un Consejo de Ministros en el que también se ha aprobado el anteproyecto de ley de mutuas, facilitará la conciliación de la vida laboral y familiar y activará la creación de empleo, dado que en muchos casos será necesario contratar a otro trabajador para compensar la reducción de jornada de otro.
La medida se incluye en un decreto ley aprobado este viernes. La legislación vigente establece que los porcentajes de reducción de jornada se enmarcan en una horquilla de entre el 12,5% y un máximo del 50%. Además, las cotizaciones se mantienen invariables durante los dos primeros años de reducción de jornada.
El Gobierno quiere impulsar la contratación parcial. Para ello, se amplia el uso del contrato de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores a los contratos a tiempo parcial. Hasta la fecha sólo se podían realizar estos contratos a jornada completa. Además, se fomenta el contrato a tiempo parcial para trabajadores menores de 30 años con vinculación formativa.

En España, tan solo el 14,7% de los asalariados trabaja a tiempo parcial, frente al 50% de Holanda

La jornada laboral en el contrato a tiempo parcial con carácter indefinido podrá aumentar hasta un 90% si se pacta en convenio colectivo, siempre que el trabajador esté contratado al menos 10 horas semanales de promedio anual. Pero se prohíbe la realización de horas extraordinarias en este tipo de contratos.
En España, tan solo el 14,7% de los asalariados tiene este tipo de contrato a tiempo parcial, mientras que en Holanda trabajan el 50% (casi todo mujeres que prefieren trabajar menos horas para cuidar a sus hijos), el 27% en el Reino Unido y el 26,7% en Alemania.

PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN LAS COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS

Vodafone denuncia a sus principales rivales por publicidad engañosa

Ramón Muñoz Madrid 5 DIC 2013 EL PAÍS

Vodadone ha denunciado ante Autocontrol, el organismo privado encargado de vigilar la publicidad, a sus principales competidores por incumplir el auto del Instituto Nacional de Consumo (INC) que les conminaba a que desde el pasado 2 de diciembre publicitaran todas sus tarifas con el IVA incluido, informaron en fuentes de la compañía.

En concreto, Vodafone ha denunciado a Telefónica, Orange, Ono, Yoigo y Jazztel al entender que estos operadores han incumplido el plazo concedido por el INC para modificar la publicidad y adaptarla a su interpretación, de acuerdo con la norma nacional y comunitaria, de que se debe presentar los precios completos, incluidos los impuestos, en la publicidad principal y no solo disimulada en la letra pequeña.

Autocontrol —integrado por agencias, anunciantes, medios y patronales— dispone de quince días según la ley para adoptar una decisión sobre el tema, y transcurrido este plazo, Vodafone presentará las denuncias pertinentes en los juzgados de lo mercantil.

Según señala Vodafone en su denuncia, amparándose en Ley de Competencia Desleal, este es un caso claro de publicidad engañosa, pues al no presentar los precios de la forma correcta, los consumidores perciben un precio un 21% más barato que el que realmente van a pagar.

"Estamos ante un supuesto de competencia desleal frente a Vodafone que, de acuerdo con el requerimiento del INC, está presentando sus precios de forma completa frente al resto de operadores que están utilizando subterfugios (precio completo en letra pequeña y con tipografía menos resaltada, añadir solo “+IVA” o incluso no poner ninguna indicación)”, indica Vodafone.

Para esta operadora, la publicidad de sus competidores confunde al cliente y da una apariencia de un precio más barato del real, justo además en el periodo más intensivo de ventas del año, la campaña de Navidad. "Esta situación deja a Vodafone en una clara desventaja competitiva y de no corregirse sería una invitación para no cumplir con las normativas de consumo, lo que al final supone un claro perjuicio para el consumidor", señalaron las mismas fuentes.

Las operadoras denunciadas ya avisaron de que tendrían problemas para adaptar su publicidad a la norma del INC en el plazo dado, como adelantó EL PAÍS. Orange, la única que declaró que llegaría a tiempo, se ha limitado a poner entre paréntesis y en letra pequeña debajo del precio promocionado, la tarifa con IVA incluido. El resto ha mantenido inalterada su publicidad.

Los casos más extremos son los de Jazztel y Ono, que no solo no incluyen el IVA en su publicidad sino tampoco la cuota de línea. Así, por ejemplo, el Pack Ahorro 100 de fijo, móvil y ADSL que Jazztel anuncia por 19,95 euros al mes cuesta, en realidad, el doble (42,28 euros). Y la oferta Teléfono+Internet 20Mb de Ono, publicitado por 15,9 euros mensuales cuesta más del doble (37,39 euros) si se le incluyen todos los conceptos.

El INC, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, ya avisó a las compañías incumplidoras que remitirá un expediente a la Abogacía del Estado para forzar la prohibición de los anuncios que no se adapten a la norma.

OLIGOPOLIO CON COLUSIÓN EN LA BANCA EUROPEA

Bruselas da el primer golpe a la banca

La Comisión Europea impone una multa de 1.710 millones a seis grandes entidades financieras internacionales por manipular los tipos de interés en su provecho

Claudi Pérez Bruselas 4 DIC 2013 - 21:57 CET EL PAÍS

Lo que suelen hacer los grandes banqueros para dar explicaciones sobre la crisis financiera es mascullar alguna excusa —preferiblemente en privado— en la línea de “los incentivos fueron perversos”. Pero cada vez está más claro que había algo más oscuro tras el huracán: la Comisión Europea acaba de asestar un primer golpe de mano a media docena de grandes bancos por violar repetidamente las normas más elementales de competencia.

Seis de las principales entidades financieras del mundo se han visto obligadas a admitir que actuaban como un cartel para manipular a su antojo los tipos de interés de referencia que se aplican a millones de hipotecados, ahorradores y empresas, a través de productos derivados vinculados a índices como el euríbor. El vicepresidente Joaquín Almunia impuso por todo ello una multa de 1.712 millones de euros, la mayor aplicada nunca por cartel, y la primera sanción a la banca en Europa por prácticas anticompetitivas. Los sancionados son Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan y Citigroup, además del bróker RP Martin.

Esos seis bancos actuaron entre septiembre de 2005 y mayo de 2008 —hasta apenas tres meses antes de la quiebra de Lehman Brothers— para amañar los tipos de interés vinculados al euríbor, lo que en principio les permitió ganar aún más dinero que otros bancos que no estaban al corriente de esos chanchullos. Hubo también componendas para modificar el líbor y el tíbor, los índices de referencia en Londres y Tokio. Competencia admite que incluso había otros bancos en la pomada: está demostrado que el británico Barclays y el grupo suizo UBS participaron en la manipulación, pero se libran de las multas gracias a haber colaborado en la investigación. Y Bruselas mantiene abierta otra investigación sobre HSBC, JP Morgan y Crédit Agricole.

Esas sanciones son la punta del iceberg de un proceso más general tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos para depurar responsabilidades en una crisis tributaria de la exuberancia del sistema financiero, y de un extenso catálogo de malas prácticas. La investigación sobre los índices de referencia ni siquiera está cerrada: puede deparar nuevas sorpresas. La Comisión ha puesto también la lupa en la manipulación del mercado de divisas, en productos denominados en francos suizos y en los seguros de impago de deuda soberana (los denominados CDS, un mercado clave que se reparten apenas unos pocos bancos) y otros derivados financieros. Asimismo, los reguladores europeos acusan a las grandes agencias de calificación (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que pese a sus errores siguen dando lecciones de urbanidad financiera) de conflictos de interés, filtraciones interesadas y “carencia de recursos técnicos y humanos” para hacer su trabajo con la mínima solvencia.

Almunia calificó de “vergonzosas” las conversaciones entre los operadores de las entidades que manipulaban los índices de referencia. Lejos de buscar códigos sofisticados, la sensación de impunidad llevaba a los brókers a acometer sin tapujos esos tejemanejes, según fuentes próximas a la investigación: “¿Puedes decirle a tus chicos que rebajen el euríbor a 12 meses?”. “Ok. Hecho”. (...) “No dudes en decirme si necesitas cualquier otra cosa”, dice una de las comunicaciones interceptadas que han servido como base para el caso. Almunia subrayó que la decisión y la correspondiente multa persiguen “castigar” a los infractores y “disuadir” a otras entidades financieras para evitar que esas prácticas se repitan. “La palabra escarmiento”, que se le sugirió al comisario en la rueda de prensa para describir el dictamen de Competencia, “me suena más a catecismo”.

Y sin embargo, la lista de pecados es extensísima y va más allá de Europa. “Los afectados son miles y miles de clientes, millones y millones de personas cuyo crédito o hipoteca está vinculado a esos índices”, confesó Almunia. “Lo que es impactante en esos escándalos no es solo la manipulación de los índices de referencia, sino también la colaboración entre bancos que deberían competir entre ellos”, dijo. Junto con la multa de la UE (que supone un pellizco de 725 millones para Deutsche Bank, sancionado con el importe más elevado), cuatro entidades —Barclays, RBS, UBS y el holandés Rabobank— y el bróker ICAP están siendo investigados en Reino Unido y Estados Unidos por manipular el líbor, aunque hasta ahora solo RBS ha admitido que violó las reglas de competencia.

“Para los estándares europeos, se trata de multas considerables”, explicó Nicolás Verón, del laboratorio de ideas Bruegel. “Hay claras señales de que han acabado los tiempos en los que solo en Estados Unidos se imponían grandes sanciones”, subrayó. Almunia citó un estudio del propio Bruegel en el que anima a la Comisión a imponer multas mayores. “Vamos a estudiar esa posibilidad”, dijo el vicepresidente como aviso para navegantes.

Pese al acoso de los reguladores, las entidades sancionadas reaccionaron con un poco acostumbrado perfil bajo para lo que es habitual en las grandes finanzas internacionales. Jürgen Fitshen y Anshu Jain, copresidentes ejecutivos de Deutsche Bank, aseguraron que la decisión de la Comisión “obedece a prácticas individuales que suponen violaciones de los valores del propio banco”. “Nos complace dejar esta investigación atrás y continuaremos cooperando con los reguladores”, explicó Citi en un comunicado. Tanto Barclays como Royal Bank of Scotland aseguraron que las prácticas denunciadas por Competencia se circunscribían “a un número muy pequeño de empleados”.