La UE alcanza un pacto político para aplicar la ‘tasa Tobin’ desde 2015
Principio de acuerdo de 11 países sobre el impuesto de transacciones financieras
Claudi Pérez
Atenas
2 ABR 2014 - 21:06 CET
James Tobin, premio Nobel en 1981, sutil keynesiano y uno de los
economistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, ideó en
los años setenta una tasa sobre las operaciones con divisas para evitar
que la especulación desestabilizara el sistema financiero internacional.
Apoyada por los grupos de izquierda alternativa e ignorada por
Gobiernos de izquierda y derecha durante décadas, al calor de la crisis
actual —con ayudas públicas multimillonarias para evitar un hundimiento
de la banca— varios países han puesto ya en marcha proyectos parecidos:
Reino Unido, Francia e Italia. Europa da ahora un paso más allá: once
países europeos alcanzaron un principio de acuerdo político que debe
ratificarse en mayo para activar un impuesto europeo sobre las transacciones financieras a partir del año próximo, avanzó este miércoles el ministro español Luis de Guindos.
Fuentes europeas restaron trascendencia a ese principio de acuerdo político y argumentaron que quedan flecos por negociar. Pero Guindos fue contundente. Según la versión del ministro español, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de países involucrados aplicarán inicialmente una tasa a las transacciones con acciones (tanto al contado como en el mercado de derivados). Pese a que el proyecto de la Comisión Europea era diferente, la recaudación irá íntegramente a las arcas públicas de esos países y no habrá posibilidad de que una parte vaya para las instituciones europeas. Los 11 socios primarán el principio de emisión y no el de residencia, como quería Bruselas: los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados —básicamente, aunque puede haber excepciones— cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa, para evitar deslocalizaciones.
Los ministros acordaron poner en marcha el tributo con un enfoque gradual para desencallar la negociación. Se trata de empezar con las acciones e ir extendiendo paulatinamente los productos que son objeto de gravamen. Las previsiones de ingresos por parte de la Comisión están en torno a los 35.000 millones para los 11 países —con 5.000 millones en España— si la tasa se aplica a todo tipo de productos, pero inicialmente el importe será inferior al tributar solo las acciones.
Quedan fuera, de momento, mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1% a las acciones y del 0,01% a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas.
Guindos, que procede precisamente del sector fiannciero —fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal— defendió la tasa Tobin europea frente a quienes piensan que provocará una huida de capitales o apenas tendrá efectos recaudatorios. Aprobada con un criterio más político que fiscal —una especie de justicia poética para hacer pagar al sistema financiero tras haber gastado dinero público a paladas en los bancos—, la lista completa de países que lo aplicarán engloba a España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. La propuesta inicial de la Comisión iba dirigida a todos los Estados miembros, pero pronto se constató la imposibilidad de establecer un impuesto armonizado en toda la UE y esos 11 países decidieron actuar por su cuenta a través de un procedimiento conocido como cooperación reforzada.
Fuentes europeas restaron trascendencia a ese principio de acuerdo político y argumentaron que quedan flecos por negociar. Pero Guindos fue contundente. Según la versión del ministro español, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de países involucrados aplicarán inicialmente una tasa a las transacciones con acciones (tanto al contado como en el mercado de derivados). Pese a que el proyecto de la Comisión Europea era diferente, la recaudación irá íntegramente a las arcas públicas de esos países y no habrá posibilidad de que una parte vaya para las instituciones europeas. Los 11 socios primarán el principio de emisión y no el de residencia, como quería Bruselas: los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados —básicamente, aunque puede haber excepciones— cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa, para evitar deslocalizaciones.
Los ministros acordaron poner en marcha el tributo con un enfoque gradual para desencallar la negociación. Se trata de empezar con las acciones e ir extendiendo paulatinamente los productos que son objeto de gravamen. Las previsiones de ingresos por parte de la Comisión están en torno a los 35.000 millones para los 11 países —con 5.000 millones en España— si la tasa se aplica a todo tipo de productos, pero inicialmente el importe será inferior al tributar solo las acciones.
Quedan fuera, de momento, mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1% a las acciones y del 0,01% a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas.
Guindos, que procede precisamente del sector fiannciero —fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal— defendió la tasa Tobin europea frente a quienes piensan que provocará una huida de capitales o apenas tendrá efectos recaudatorios. Aprobada con un criterio más político que fiscal —una especie de justicia poética para hacer pagar al sistema financiero tras haber gastado dinero público a paladas en los bancos—, la lista completa de países que lo aplicarán engloba a España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. La propuesta inicial de la Comisión iba dirigida a todos los Estados miembros, pero pronto se constató la imposibilidad de establecer un impuesto armonizado en toda la UE y esos 11 países decidieron actuar por su cuenta a través de un procedimiento conocido como cooperación reforzada.
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