SALARIO MÍNIMO EN ALEMANIA

Berlín aprueba el salario mínimo con excepciones para jóvenes y parados

Luis Doncel Berlín 2 ABR 2014 - 20:42 CET

El salario mínimo será una realidad en Alemania a partir del próximo año. Para sacar adelante una medida que la canciller Angela Merkel criticaba durante la campaña electoral por considerar que perjudica al empleo, los socialdemócratas del SPD se han visto obligados a hacer algunas concesiones duramente criticadas por los sindicatos. El acuerdo, cuyos últimos flecos se perfilaron durante esta semana para ser aprobado este miércoles por el Gobierno, supone un profundo cambio para los trabajadores alemanes peor pagados, que desde el próximo 1 de enero tendrán que cobrar al menos 8,5 euros brutos por hora.
“En Alemania hay demasiados ciudadanos que se ven obligados a trabajar a cambio de salarios demasiado bajos y que no se benefician suficientemente de la buena evolución económica. Esto perjudica la cohesión de nuestra sociedad y no debe continuar”, aseguró enfática la ministra de Trabajo e impulsora de la iniciativa, la socialdemócrata Andrea Nahles.
Para poder mostrar una victoria ante los suyos, Nahles ha tenido que aceptar una importante excepción: los parados de larga duración no se beneficiarán del salario mínimo en los seis meses siguientes a encontrar un empleo. La ministra pretendía reducir el número de personas que se queden fuera del salario mínimo, pero finalmente la excepción afectará al millón de parados de larga duración que hay en Alemania. El año pasado, 170.000 de estos desempleados encontraron un empleo. También podrán cobrar menos de los 8,5 euros los menores de 18 años sin cualificación y los becarios. La puesta en marcha del salario mínimo se hará de forma gradual a lo largo de los dos próximos años.

Los socialdemócratas marcan la agenda, pero no despegan en las encuestas

Las críticas a la norma vienen tanto de los sindicatos, que consideran que los socialdemócratas han cedido demasiado ante las presiones de sus compañeros democristianos de coalición, como de los empresarios, por justamente lo contrario. Frank Bsirske, líder del sindicato Verdi, considera “discriminatoria” la exclusión de los parados de larga duración. Con similiares argumentos disparó también contra el proyecto el partido de izquierdas Die Linke, convertido en líder de la oposición.
La patronal, en cambio, subraya los efectos perniciosos que el salario mínimo puede tener en el mercado laboral. El presidente de la Federación Alemana de Oficios, Hans Peter Wollseifer, aseguró que la decisión del Gobierno se trata de “un grave error”. Wollseifer considera “un falso cebo” pagar cerca de 1.500 euros al mes a un joven de 18 años sin formación que acaba de salir de la escuela. Los empresarios apostaban por llevar la frontera de los empleados sin salario mínimo hasta los 21, 23 o incluso hasta los 25 años. Pero la ministra Nahles se plantó y no aceptó esta reclamación.
La medida que el SPD presentó como un requisito sine qua non para firmar el pacto de Gobierno con los democristianos de Merkel puede tener un impacto importante. En Alemania Occidental, más del 10% de los trabajadores ganan menos del recién aprobado salario mínimo. Y este porcentaje se dispara hasta el 25% en el Este, según el Instituto IWH. Un estudio del Instituto Trabajo y Cualificación estima que en Alemania hay 6,6 millones de trabajadores por debajo de los 8,5 euros a la hora. Esto supondría que casi uno de cada cinco empleados podría beneficiarse de la nueva norma.
Con este paso adelante, los socialdemócratas colocan una —otra más— de sus propuestas en la agenda del Gobierno. Además del salario mínimo, Sigmar Gabriel y los suyos han impulsado un arsenal de iniciativas entre las que se encuentran la polémica reforma energética, la jubilación a los 63 años para los que hayan cotizado más de 45 años, el freno a los precios de los alquileres, las cuotas de las mujeres en los consejos de administración de las empresas y la doble nacionalidad para los hijos de inmigrantes. El problema es que este aluvión de reformas no parece traducirse en un respaldo creciente al SPD en las encuestas, sino todo lo contrario. Mientras, la diamantina canciller se beneficia. Es muy pronto aún para decirlo —el Gobierno lleva poco más de 100 días— pero algunos recuerdan ya el resultado que dieron las anteriores dos coaliciones de Merkel: ella salió fortalecida y sus socios de las dos últimas legislaturas —primero los socialdemócratas y luego los liberales— se desplomaron.

LA TASA TOBIN

La UE alcanza un pacto político para aplicar la ‘tasa Tobin’ desde 2015

Principio de acuerdo de 11 países sobre el impuesto de transacciones financieras

Claudi Pérez Atenas 2 ABR 2014 - 21:06 CET

James Tobin, premio Nobel en 1981, sutil keynesiano y uno de los economistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, ideó en los años setenta una tasa sobre las operaciones con divisas para evitar que la especulación desestabilizara el sistema financiero internacional. Apoyada por los grupos de izquierda alternativa e ignorada por Gobiernos de izquierda y derecha durante décadas, al calor de la crisis actual —con ayudas públicas multimillonarias para evitar un hundimiento de la banca— varios países han puesto ya en marcha proyectos parecidos: Reino Unido, Francia e Italia. Europa da ahora un paso más allá: once países europeos alcanzaron un principio de acuerdo político que debe ratificarse en mayo para activar un impuesto europeo sobre las transacciones financieras a partir del año próximo, avanzó este miércoles el ministro español Luis de Guindos.
Fuentes europeas restaron trascendencia a ese principio de acuerdo político y argumentaron que quedan flecos por negociar. Pero Guindos fue contundente. Según la versión del ministro español, Alemania, Francia, Italia, España y el resto de países involucrados aplicarán inicialmente una tasa a las transacciones con acciones (tanto al contado como en el mercado de derivados). Pese a que el proyecto de la Comisión Europea era diferente, la recaudación irá íntegramente a las arcas públicas de esos países y no habrá posibilidad de que una parte vaya para las instituciones europeas. Los 11 socios primarán el principio de emisión y no el de residencia, como quería Bruselas: los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados —básicamente, aunque puede haber excepciones— cuando sean objeto de negociación, incluso si los negociadores implicados no están establecidos en la zona de aplicación de la tasa, para evitar deslocalizaciones.

El gravamen se limita inicialmente a las operaciones con acciones

Los ministros acordaron poner en marcha el tributo con un enfoque gradual para desencallar la negociación. Se trata de empezar con las acciones e ir extendiendo paulatinamente los productos que son objeto de gravamen. Las previsiones de ingresos por parte de la Comisión están en torno a los 35.000 millones para los 11 países —con 5.000 millones en España— si la tasa se aplica a todo tipo de productos, pero inicialmente el importe será inferior al tributar solo las acciones.
Quedan fuera, de momento, mercados importantes como el de materias primas, las divisas o la deuda soberana. Bruselas apostaba por aplicar un tipo impositivo del 0,1% a las acciones y del 0,01% a los derivados, aunque esas cifras no están cerradas.
Guindos, que procede precisamente del sector fiannciero —fue presidente de Lehman Brothers en España y Portugal— defendió la tasa Tobin europea frente a quienes piensan que provocará una huida de capitales o apenas tendrá efectos recaudatorios. Aprobada con un criterio más político que fiscal —una especie de justicia poética para hacer pagar al sistema financiero tras haber gastado dinero público a paladas en los bancos—, la lista completa de países que lo aplicarán engloba a España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. La propuesta inicial de la Comisión iba dirigida a todos los Estados miembros, pero pronto se constató la imposibilidad de establecer un impuesto armonizado en toda la UE y esos 11 países decidieron actuar por su cuenta a través de un procedimiento conocido como cooperación reforzada.